Por Iván Delhumeau.
Ya entró en vigor el decreto que firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar carros “chocolate”, una acción más de este gobierno en contra de los esfuerzos que mundialmente se hacen para enfrentar el cambio climático. Se suma a las obras magnas de la presente administración federal, construir una refinería sobre un manglar y destruir miles de hectáreas de selva para construir vías férreas para que circule un tren turístico.
Sí, los carros “chocolate” son chatarra para el país vecino, y por eso nos los envían, pero nosotros no objetamos al obtenerlos porque su precio es muy bajo. Y ahí es donde radica otro gran problema, el de la competencia desleal que revienta el mercado automotriz. Si un vehículo nacional que cuesta 300 mil pesos, tiene su equivalente “chocolate” con un precio de 80 mil ¿cuál compra la gente? Y no solamente la de escasos recursos, hay quien tiene los recursos para adquirir el nacional, pero por la diferencia de precio mejor adquiere el más económico, a fin de cuentas es prácticamente el mismo vehículo.
López Obrador no es el primer presidente que firma un decreto así, prácticamente todos lo han hecho, originalmente se hacía con vehículos de trabajo para el campo, Pick-Up, sin embargo en los últimos años se ha permitido que se haga hasta con vehículos de lujo. El pretexto es que para que la delincuencia organizada no cometa delitos a bordo de un automóvil sin placas y sin registro, ¡Falso! La delincuencia organizada trae los mejores vehículos comprados casi de contado en las diferentes agencias, la otra parte la pagan vía transferencia bancaria a través de las empresas con las que lavan dinero.
El fondo de estos decretos (con casi todos los presidentes ha sucedido) es obtener votos en las elecciones. Se estima que son alrededor de 3 millones de autos “chocolate” que circulan en el país, es en efecto una estimación, pues lo ilegal es difícil de contabilizar e inventariar.
La mayoría de las personas que conducen este tipo de vehículos pertenece a un sector socio-económico-cultural bajo, coincidentemente igual al sector de ciudadanos que vota por partidos políticos afines a la cuarta transformación.
La industria automotriz mexicana aún no se recupera de la crisis generada por la pandemia, en 2020 las ventas cayeron un 28%, y con la regularización de los automóviles importados de contrabando, estima la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) que caerán otro 39%, como en el año 2006 cuando se firmó un decreto similar.
Así que con una refinería de petróleo en pleno siglo XXI, un tren en plena selva, reformas energética y eléctrica que atentan contra energías limpias y apuestan por las sucias, y ahora con la legalización de la chatarra contaminante, el Presidente López Obrador demuestra no importarle hacer acciones relevantes para hacer frente al cambio climático.
