Por fin se cumple la amenaza del presidente de la República, de la que él mismo y la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján nos habían platicado. Ya se envió a la Cámara de Diputados la iniciativa que acabará con el Outsourcing.
La dinámica que ha tenido nuestro país a raíz del Tratado de Libre Comercio que desde 1994 tiene firmado y en operación con Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo, debido al hecho de vivir en un mundo globalizado, donde lo que impera es el intercambio de mercancías, así como de servicios profesionalizados muy específicos, es lo que ha hecho que la práctica del Outsourcing sea una necesidad.
La 4T muy a su estilo, únicamente ve el lado negativo de las cosas. El Outsourcing, también llamado subcontratación, tercerización o intermediación laboral, empezó hace ya más de dos décadas, y en efecto, al inicio perjudicaba a los trabajadores mexicanos en sus derechos laborales. Pero han habido reformas a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del INFONAVIT, y otras relacionadas en los años 2009 y 2012, en las que se buscó que los trabajadores tuvieran más beneficios que perjuicios. Pero como es común en el actual gobierno, para acabar con las malas prácticas prefiere acabar con el todo, en lugar de abocarse a corregir lo que está mal.
El Outsourcing fue creado para incrementar la productividad, mayor calidad en productos y servicios, reducir costos, que las empresas se centraran en su actividad primordial, para lograr mayor competitividad en el mercado, y sobre todo, para que varias empresas formaran una cadena de valor dentro de la manufactura de productos de exportación.
Pero no, el gobierno federal a todo le ve cara de corrupción, será porque quien lo encabeza nunca ha trabajado realmente, por lo tanto desconoce los términos citados en el párrafo anterior.
Según cifras del propio gobierno, 4.5 millones de trabajadores laboran en este esquema, en varias empresas como: vigilancia, soporte informático, nómina, proveeduría de personal, capacitación, limpieza, y las de manufactura, que pueden a coadyuvar en la cadena de valor de un producto terminado como puede ser un automóvil.
¿Entonces, nos están diciendo literalmente que de desaparecer el esquema de la subcontratación, 4.5 millones de trabajadores perderían su empleo? ¿Puede ser posible esto en plena pandemia?
Cierto, la mayoría de los empleos citados anteriormente son muy mal pagados, con un máximo de dos salarios mínimos, pero son empleos con prestaciones en la inmensa mayoría de los casos, tampoco dudo que haya simulación en otros.
Pongo el caso de los Call Center, que le ofertan servicios a bancos, compañías de celulares, tiendas departamentales, aerolíneas, entre otras, las cuales prefieren contratar a empresas que tienen toda una metodología en atención telefónica, y así no descuidan su actividad preponderante.
En fin, la 4T pretende poner freno a lo que el mismo gobierno federal hace, pues según datos de la Organización Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la presente administración ha asignado contratos por 5 mil millones de pesos a doce compañías dedicadas al Outsourcing. (Fuente: infobae.com).
