Por Iván Delhumeau
La iniciativa preferente que el Presidente de la República envió el pasado 1 de febrero a la Cámara de Diputados ha resultado muy polémica, pues pretende reformar la Ley de Industria Eléctrica, pero como todos los cambios que quiere llevar a cabo la 4T, parece obedecer a criterios ideológicos, y no de un verdadero interés nacional acorde a los tiempos de globalización en los que inevitablemente se encuentra inmerso nuestro país.
Los sectores productivo, industrial y empresarial están muy preocupados, pues en las últimas tres décadas la misma mecánica del comercio internacional ha demandado un desarrollo sustentable a quienes colocan productos para un mercado de exportación. Uno de los principales elementos de la sustentabilidad es producir utilizando energías limpias y renovables.
Es por eso que las grandes empresas, dedicadas a la transformación de materia prima (las que más contaminan), han tenido que invertir mucho dinero en tecnología que les permita no sólo utilizar menos energía sucia, sino producir su propia energía limpia. Los estándares internacionales en materia de comercio (que también aplica en el ámbito local) han obligado a las empresas a certificarse bajo la norma ISO 14001, que es un estándar global para los sistemas de gestión ambiental, que emite la prestigiada International Organization of Standarization. Tener un certificado de éstos no solamente es un requisito para penetrar en mercados internacionales, sino que es un plus que brinda confianza a toda una cadena de bienestar, que va desde inversionistas hasta consumidores finales.
Pero la exposición de motivos del texto presidencial enviado a San Lázaro dice: “Que el sistema eléctrico nacional deberá ser alimentado, en primer lugar, por la red de distribución de la energía producida por las hidroeléctricas; en segundo, por lo generado por las plantas de la CFE; y en tercero por la energía eólica o solar de particulares; y al final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas”.
Es decir, así, deliberadamente pretenden que por ley, la industria mexicana y extranjera con inversión en nuestro país compren primero energía sucia, y como cuarta opción, que generen su propia energía limpia. Por lo tanto, el incentivo a la sustentabilidad desaparece. Pero el problema es que éste gobierno aparentemente “nacionalista”, en realidad es por demás autocrático, que piensa que su poder es tan grande, que todo está bajo su jurisdicción. No sabe respetar los diferentes marcos jurídicos en los que está inmerso el contexto socioeconómico de México. Para empezar, estaría siendo violatorio de T-MEC.
Además, de aprobarse la nueva ley, afectaría tremendamente el desarrollo regional, un ejemplo claro es Durango, que es pionero y ejemplo en producir energía limpia en huertos solares, y que se ha convertido en un atractivo para la inversión extranjera.
Las ideas y criterios en esta columna son responsabilidad de su autor.
