Por Iván Delhumeau.

Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador habla todos los días de que su gobierno combate la corrupción, ya han habido varias investigaciones periodísticas serias en las que se dan a conocer datos sobre empresas fantasma y contratos de obra directa, sin licitación de por medio en las obras de infraestructura más emblemáticas de su administración. Por eso se decidió a emitir un acuerdo, pero que tiene alcances legales de decreto, para evitar que hurguen en sus caprichos nacionalistas y simbólicos pero anacrónicos e inviables.
El decreto contempla que será de “interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos de obras del gobierno federal, en todos los sectores estratégicos de la economía y comunicaciones. Además se instruye a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional para realizar dichos proyectos. Lo anterior significa que cuando el gobierno federal quiera hacer una obra, las dependencias estarán obligadas a otorgar los permisos necesarios para su construcción en tan sólo cinco días, y además, sin dictámenes técnicos de por medio, ni estudios de factibilidad o de viabilidad. Todo por orden del Presidente, so pretexto de la simplificación administrativa.
Con esto quedará prohibido a cualquier ciudadano preguntar el costo de las obras, algo que se había ya logrado. Las solicitudes de información ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) procedían y prosperaban en su mayoría. Pero de ahora en adelante, al incluir la construcción de las obras más importantes del sexenio como “de interés público y de seguridad nacional”, quedan protegidas por el Artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues justo le ordena a las entidades públicas no otorgar información catalogada de esa forma. Así el gobierno de AMLO se blinda para que no se conozca lo que van a costar sus obras.
Este “Acuerdo” no sólo es un despropósito que atenta contra la transparencia, también le concede tintes de dictador a quien lo emite, pues sólo en una dictadura se prohíbe conocer el costo de las obras hechas con los impuestos que pagan los ciudadanos. La opacidad en licitaciones y contratos hará de la presente administración una de las más corruptas de la historia, si fuera honesta no se estarían blindando. Dijo el Presidente que está harto de los amparos que diferentes instancias presentan contra sus obras. Pero si el amparo es una figura jurídica que tiene el ciudadano para defenderse de los abusos del gobierno. ¿En verdad AMLO tiene idea de lo que es gobernar un país democrático?